El asesor legal de la Dirección Regional de Educación, Antonio Reyes Díaz, confirmó a Portal Central que los pagos realizados por concepto de reintegro por bonificación al cargo, refrigerio y movilidad pagado a directivos, funcionarios y administrativos de la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ), no se sustentan en un mandato judicial expreso.
¿Algún órgano de control se atreve a realizar una investigación que permita llegar al fondo del asunto?
El jefe de Asesoría Jurídica sustentó los pagos indicando que existen sentencias judiciales resueltos a favor de los trabajadores de la sede regional educativa. “El Poder Judicial ya ha tomado una decisión sobre ese caso”, señaló pese a que el proceso judicial se encuentra aún en curso.
Precisó que esas 4 sentencias judiciales han servido de base para las resoluciones ejecutivas del 2014, la resolución directoral del 2017 y la resolución directoral del 2017, y que si bien es cierto hay un memorándum que cuestiona el pago, sin embargo las resoluciones administrativas siguen vigentes.
Reyes Díaz se refiere a los procesos del Primer Juzgado Laboral – expediente 1650-2009 (desempeño de cargo), del Primer Juzgado Laboral – expediente 077-2017 (movilidad y refrigerio) y del Tercer Juzgado Civil – expediente 0574-2014 (desempeño en el cargo), sin embargo, todos ellos son procesos individuales, ninguno colectivo.
Mientras tanto, el director regional de Educación, Bladimir López Leyva, practicó una respuesta política cuando fue cuestionado por el pago indebido recibido por solo 5 meses de gestión. “Es una acción de índole político porque estamos entrando a una campaña electoral y siempre se busca la sin razón. No hay pago indebido, hay jurisprudencia, hay decretos de urgencia y supremos que avalan”, dijo sin mostrar ningún documento.
Los órganos de control y fiscalización tienen la palabra.
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