La policía peruana está llevando a cabo un segundo día de desalojos en la mina de cobre de MMG en Las Bambas el jueves en un intento de desalojar a la comunidad indígena restante, que ha acampado en el sitio de la compañía en protesta, dijo un asesor de la comunidad a Reuters .
La acción en la mina Las Bambas, de propiedad china, que suministra el 2% del cobre mundial, se produjo tras el desalojo el miércoles de otra comunidad que también acampó en el interior de la mina, instalándose junto a su enorme mina a cielo abierto.
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La empresa no hizo comentarios inmediatos. Perú es el segundo productor mundial de cobre y la minería es una fuente importante de ingresos fiscales.
Las Bambas suspendió sus operaciones el 20 de abril, después de que los habitantes de la zona se instalaran en el interior de la mina, que dicen que ha desaparecido. No está claro cuándo podrá reanudarse la producción de la mina, que sigue detenida por motivos de seguridad.
Las Bambas dijo en un informe de seguridad a última hora de la noche del miércoles que había logrado desalojar a la comunidad de Fuerabamba, que había exigido la devolución de sus tierras ancestrales, pero que la comunidad de Huancuyre seguía siendo propiedad de la empresa.
«Sí, vienen de tres direcciones diferentes, ya están llegando», dijo a Reuters Alexander Raúl, concejal de la comunidad de Huancuire, refiriéndose a los agentes de policía.
Huancuire ha vendido los terrenos de Las Bambas en los últimos años para dar paso a una ampliación de la mina prevista para este año. Sin embargo, los habitantes de Raúl y Huancuire afirman que la mina no ha cumplido todas sus obligaciones en virtud del acuerdo de venta y que los beneficios no han llegado a su comunidad, una afirmación que la empresa niega.
Según la legislación peruana, los propietarios pueden utilizar la fuerza para expulsar a los intrusos en los primeros 15 días de su entrada. Según un comunicado de la empresa, Las Bambas ha aplicado esa ley esta semana.
El gobierno de izquierda de Perú dijo el jueves que no estaba involucrado en el desalojo, pero que la policía nacional estaba involucrada en apoyar el derecho de la empresa a desalojar a los intrusos.
