La Contraloría General de la República detectó un nuevo perjuicio económico de S/ 800 mil en la obra de “Recuperación de los servicios de educación primaria y secundaria de la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel”, a cargo del Gobierno Regional de Junín, en la gestión del exgobernador Ángel Unchupaico.

La comisión auditora determinó que exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín pagaron por la elaboración y evaluación del expediente técnico de un adicional de obra relacionada al Sistema contra Incendios del colegio Santa Isabel así como por mayores gastos generales pese a que no se encontraban sustentados de acuerdo a la normativa aplicable.

En el informe de la Auditoría de Cumplimiento N°5946-2019-CG/GRJU-AC, la Contraloría identifica a 12 exfuncionarios involucrados en el caso con presunta responsabilidad penal y/o administrativa.

Percy Gutiérrez Enciso, gerente regional de Control, verifica el sistma contraincendios del colegio Santa Isabel de Huancayo.
Percy Gutiérrez Enciso, gerente regional de Control, verifica el sistma contraincendios del colegio Santa Isabel de Huancayo.

El colegio emblemático Santa Isabel es la institución educativa más grande la región Junín. Tiene 167 años de creación y es el centro de formación estudiantil referente en el centro del país. Su actual infraestructura tiene 104 aulas para los niveles de primaria y secundaria, y alberga a una población de cinco mil alumnos, aproximadamente.

Observaciones

En el mismo informe, la Contraloría General detalla que en la ejecución de la obra, exfuncionarios y exservidores del Gobierno Regional de Junín aprobaron el expediente técnico y prestación adicional relacionada con el sistema contra incendios, a pesar de no reunir las condiciones establecidas en la normativa de contrataciones para ser considerado como una prestación adicional de obra, ya que no se subsanó la omisión del expediente técnico contractual respecto a la instalación de rociadores en el escenario del auditorio ubicado en la infraestructura del nivel secundaria. De igual manera, los cambios sugeridos al diseño no eran necesarios para su funcionamiento.

Sumado a ello, fueron advirtidos demoras en la contratación de los profesionales a cargo de la elaboración del citado expediente técnico del adicional de obra, debiéndose destacar que los profesionales contratados no eran los competentes en el diseño de instalaciones sanitarias, el cual comprende los sistemas contra incendios.

Vista de una de las fachadas de la nueva infraestructura del Colegio Santa Isabel.
Vista de una de las fachadas de la nueva infraestructura del Colegio Santa Isabel.

Otra situación anómala es la ampliación de plazo N°19, a través de una conciliación judicial, por 60 días calendario, solicitada por la demora en la aprobación del expediente técnico de la prestación adicional; pese a que el contratista no sustentó alteración alguna en el cronograma de ejecución de obra. Por el contrario, a la fecha que se solicitó la referida ampliación de plazo, en la obra ya no había partidas contractuales por ejecutar del sistema contra incendio.

Por último, el gobierno regional viabilizó el pago de los mayores gastos generales derivado de la citada ampliación de plazo, no obstante que en el trámite se contaron con informes en los cuales se cuestionó su procedencia.

Primera auditoría

Una primera auditoría de cumplimiento de la Contraloría al colegio Santa Isabel detectó un perjuicio económico por más de S/ 9 millones en los años 2015 y 2018. En aquel entonces, el gobierno regional aprobó seis ampliaciones de plazo injustificadas y la Contraloría identificó a nueve exfuncionarios con presunta responsabilidad civil, penal y administrativa.

Angel Unchupaico con el uniforme del colegio santa isabel
Exgobernador Ángel Unchupaico con el uniforme del colegio Santa Isabel.

El informe de control posterior fue puesto en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Junín para iniciar las acciones legales contra los implicados en el caso. De igual manera, fue notificado el gobernador regional para el inicio de las acciones administrativas contra los exfuncionarios involucrados.

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