“El delito de negociación incompatible, se verifica con la verificación de conductas que expresen el interés particular del funcionario en los contratos u operaciones y sin que ello genere un beneficio económico o un perjuicio para el Estado. Tratándose de esta manera de un delito de mera actividad y de peligro para la imparcialidad en el ejercicio de la Función Pública”.
Con esa sumilla inicia la decisión de la sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín, que confirma la sentencia por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en contra del exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas; el exgerente regional, Henry López Cantorín, y los exfuncionarios regionales Carlos Mayta Valdez y Juan Carlos Sulca Yauyo, quienes a criterio de los jueces Tambini Vivas y Hancco Paredes, se interesaron para favorecer con pagos a la empresa encargada de implementar el sistema de agua potable y alcantarillado de La Oroya.
El 5 de agosto de 2019, los imputados fueron sentenciados a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por la jueza Susan Carrera Tupac Yupanqui, titular del Quinto Juzgado Unipersonal Anticorrupción de Huancayo.
Tras la decisión Judicial, el fundador de Perú Libre permaneció prófugo de la justicia pero el 21 de agosto de 2019, fue detenido cuando acudió a la sede de la Corte Superior de Justicia de Junín e internado en el penal de Huancayo, ubicado en el distrito de Huamancaca Chico.
Luego, el 18 de octubre, la Sala Penal de Apelaciones, integrada por los magistrados Carlos Carvo Castro (Presidente), Lilliam Tambini Vivas y Marco Hancco Paredes, reformó por mayoría la pena a 4 años de pena privativa de libertad con carácter suspendida, inhabilitación por un año y fijaron S/.850,000.00 soles por concepto de reparación civil.
Esta es la decisión de dicha sala, que contiene el voto singular de Carlos Carvo Castro, en cuya opinión, no hay medios probatorios del delito imputado.
Sentencia Sala caso OEI Vladimir Cerrón y Henry Lopez 1
No conforme con la decisión de la sala de apelaciones, la defensa del exgobernador, presentó un recurso de casación a la Corte Suprema del Poder Judicial, son sede en Lima.
Esta instancia rechazó dicho recurso el pasado 4 de noviembre de 2020 y confirmó la sentencia por corrupción.
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