Desde hace más de dos años, Cindy Cueto se despierta cada día en la casa que comparte con sus tres hijos en lo alto de una colina desértica de la capital de Perú y se pregunta: «¿Qué vamos a comer?».
Esta mujer de 39 años se une a sus vecinos de la empobrecida Ciudad de Gosen para cocinar cada día una «olla común» de comida, una estrategia de supervivencia que surgió en los extensos barrios de chabolas de Lima con la pandemia del coronavirus. Desde entonces, se ha ampliado para paliar los efectos del aumento de los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes debido a la inflación mundial, la guerra en Ucrania y la ineficacia del gobierno para cumplir su promesa de ayudar a los más vulnerables.
La olla común, comparable a un comedor social a pequeña escala, les proporciona una comida al día. Cueto y sus vecinos intentan buscar los alimentos más baratos en los mercados, comprando huesos de vaca, despojos de pollo, arroz y patatas. Están atentos a la caridad de los peruanos más afortunados.
«No compramos carne. Es muy cara, sólo tenemos para huesos para hacer sopa», dice Cueto, cuyo marido trabaja como guardia de seguridad, mientras cuenta sus monedas. «El dinero va así», dijo, chasqueando los dedos.
El lunes -como otros 15 días desde enero- la olla común estaba vacía porque no consiguieron reunir dinero. Un día después, tras recaudar el equivalente a 16 dólares, compraron dos kilos de huesos de pollo, cinco kilos de patatas y la misma cantidad de arroz para alimentar a 70 personas, especialmente niños y ancianos.
La inflación que recorre el mundo ha golpeado duramente a los 33 millones de habitantes de Perú, especialmente a los 10 millones de pobres que viven con 3 dólares al día. La inflación mensual en marzo alcanzó el 1,48%, la más alta en un cuarto de siglo. La subida de los precios de los alimentos y los combustibles, unida a la ineficacia del gobierno del presidente Pedro Castillo, ha desatado violentas protestas que han causado cinco muertos y han llevado a pedir la dimisión de Castillo y de los legisladores peruanos.
Según datos del gobierno de febrero, hay al menos 3.400 ollas comunes en Perú, el 70% de ellas en Lima. La mayoría están en barrios marginales como la Ciudad de Gosen, donde no hay agua corriente, la electricidad es escasa y los residentes han construido sus propias casas y caminos en la tierra polvorienta de las colinas desérticas que rodean Lima. Desatendidos por el gobierno, ahora han tenido que organizar su propio suministro de alimentos.
Los residentes de Ciudad de Gosen dicen que el precio del gas para cocinar se ha triplicado desde el comienzo de la pandemia. Cueto y sus vecinos alimentan el fuego bajo su olla común con restos de madera que reciben dos veces al mes como caridad de una carpintería.
Trinidad Espinoza, una vendedora local de gas para cocinar, dijo que incluso ella utiliza leña.
«Ni siquiera puedo permitirme una bombona», dijo.
La respuesta del gobierno peruano al aumento del hambre y a la propagación de los disturbios ha sido ineficaz, a pesar de haber llegado al poder con la promesa de dar prioridad a los pobres.
Castillo, que era maestro rural antes de ganar las elecciones, ha cambiado su gabinete cuatro veces durante sólo nueve meses en el cargo y ha sido criticado por nombrar a aliados inexpertos y neófitos en ministerios clave. El Congreso unicameral de Perú ha intentado destituirlo en dos ocasiones.
Las encuestas realizadas por las principales empresas de sondeos de Perú muestran que cerca de tres cuartas partes de los peruanos desaprueban su actuación como presidente, y el 79% desaprueba al Congreso.
«No les importa la gente, se pelean todo el tiempo por sus intereses», dijo Enedina Avilés, de 66 años, que vive sola a unos pasos de la olla común.
Para controlar el malestar social, las protestas y los bloqueos de carreteras que han afectado al país andino en las últimas semanas, el gobierno ha prohibido las protestas en las principales carreteras durante 30 días. También ha levantado un impuesto sobre el combustible, pero la gente se queja de que los precios siguen siendo altos.
El 5 de abril, las autoridades ordenaron brevemente a los 10 millones de habitantes de Lima que permanecieran en sus casas y cerraran el transporte público en un cierre que recordaba a la pandemia del coronavirus. Un legislador limeño enfureció a muchos cuando justificó el cierre de 22 horas llamando «saqueadores» a los que viven en las empobrecidas colinas que rodean Lima.
El marido de Cueto, Walter Ríos, trabaja lejos de Ciudad de Gosen en un barrio limeño acomodado. Sin transporte público el 5 de abril, tuvo que hacer el viaje de ida y vuelta de 36 kilómetros (22 millas) al trabajo a pie.
Cuando su marido llegó a casa esa noche, ella había preparado un cubo de agua salada para remojar sus pies hinchados.
«Deciden cualquier cosa sin pensar en las consecuencias», dijo.
