El alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma, se mostró en desacuerdo con la aplicación de la Ley 31131, que ordena la incorporación de los trabajadores del régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a otros regímenes que les ofrece estabilidad y acceso a todos los derechos laborales, como el Decreto Legislativo 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral) y el Decreto Legislativo 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público).
“Consideramos que no es algo saludable ya que los trabajadores ahora van a tener estabilidad laboral y cuando se requiera el esfuerzo de trabajar más horas en la municipalidad para atender a la ciudadanía, prácticamente no vamos a contar con ello”, expresó el burgomaestre.
El martes último, el Congreso de la República promulgó por insistencia dicha ley que elimina el régimen CAS. En enero, el Poder Ejecutivo había observado la autógrafa y ahora tiene la posibilidad de plantear una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional.
Una de las principales objeciones del Poder Ejecutivo es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y sin embargo, implementar la norma demandaría S/ 4,244.6 millones del Tesoro Público para financiar el total de gastos vinculados a la planilla del personal por concepto de gratificación, bonificación por escolaridad, compensación por tiempo de servicios (CTS), Incentivo Único (CAFAE), asignación familiar, entre otros derechos laborales.
El alcalde Juan Quispe Ledesma detalló que actualmente hay 120 trabajadores en la modalidad CAS en la Municipalidad Provincial de Huancayo. Según dijo, sus contratos responden a las necesidades de la institución para equilibrar la ausencia de personal nombrado vulnerable a la covid-19, que han entrado a trabajo remoto o han dejado de asistir a sus puestos de trabajo.
El alcalde Juan Quispe negó que los contratos CAS o por terceros sean utilizados para pagar favores políticos.
Comparte en Facebook 
Tweet 
Follow us Share
Share
Share
Share
Share
