La Contraloría General de la República detectó que el Gobierno Regional de Junín pagó por estudios incompletos en la formulación del expediente técnico de la obra de mejoramiento de la sede de la Corte Superior de Justicia de Junín, lo que generó a la entidad un perjuicio económico de 1 millón 125 mil 673 soles
El proyecto contempla la construcción de seis niveles de concreto armado con acabados arquitectónicos e instalaciones de tipo institucional y para su ejecución, la Corte Superior de Justicia de Junín firmó un convenio con el Gobierno Regional para que éste último se encargue de la elaboración de estudios y su construcción.
Debido a ello, en marzo del 2018, en el último año de la gestión de Ángel Unchupaico, la entidad regional contrató a un consorcio para la elaboración del expediente técnico, el mismo que debió presentar en seis entregables; contrato que incumplió.
La Contraloría, en su informe de control específico N° 037-2020-2-5341, que comprendió de noviembre 2017 a abril de 2019, encontró que funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Junín otorgaron conformidad y autorizaron el pago de los cuatro primeros entregables presentados por el contratista, a pesar de que se encontraban incompletos y que en algunos casos carecían de la firma de los especialistas responsables de su elaboración, lo que no permitió culminar el expediente técnico.
Sede del Gobierno Regional de Junín.
Observaciones
Entre las omisiones en las que incurrió el consorcio se encuentran la falta de documentos relacionados a los ensayos de análisis químico de agresividad de suelo y del agua, así como las especificaciones técnicas y planos de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, entre otros; situación que pondría en riesgo la adecuada ejecución de la obra y ocasionaría posibles sobrecostos y ampliaciones de plazo.
A pesar de ello, la entidad regional realizó el desembolso de los recursos a favor de la empresa, no obstante, tras advertir las observaciones pidió al contratista subsanarlas, pero éste incumplió el requerimiento por lo que en marzo del 2019 el Gobierno Regional resolvió el contrato.
Estos hechos con indicios de responsabilidad involucran a cuatro funcionarios con presunta responsabilidad penal y administrativa. Debido a ello el informe fue notificado a la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Junín para el inicio de las acciones penales; asimismo, al titular del Gobierno Regional para el inicio de las acciones administrativas del caso.
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