De un total de 330 jueces y fiscales que en el 2019 se encontraban incursos en procesos penales o ya estaban con ejecución de sentencia a nivel nacional por corrupción, 36 corresponden a Junín, convirtiendo a esta región en la segunda con el mayor número de magistrados comprendidos en esta causa.

La primera región es Lima, que concentra 122 casos entre magistrados en proceso de investigación (108) y con ejecución de sentencia (14) por delitos de corrupción. Piura ocupa el tercer lugar con más casos de corrupción judicial, con 27.

Mapa de la corrupción judicial en el Perú. Las regiones con más casos con Lima, Junín y Piura.

El mapa de la corrupción judicial, elaborado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, explica que estas tres regiones concentran el 56% de los casos de corrupción cometidos por jueces y fiscales. Dato relevante, dice la Procuraduría, que debe servir para implementar medidas o políticas de
lucha contra la corrupción en estas regiones.

Los delitos

El análisis de la Procuraduría indica que el 72% de los delitos de corrupción en los que han sido comprendidos jueces y fiscales, es el Cohecho y Tráfico de Influencias

Esto revelaría una forma de actuar de jueces y fiscales que caen en corrupción: “aceptar o recibir donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas (cohecho pasivo propio)”, dice la Procuduría.

Otras modalidades de los delitos tendrían que ver con el cohecho pasivo impropio, o, “bajo cualquier modalidad aceptar o recibir, a sabiendas que es hecho con el fin de influir o decidir en asunto sometido en su conocimiento o competencia (cohecho pasivo específico)”.

Fachada de la Corte Superior de Justicia de Junín.

También el hecho de invocar o tener influencias reales o simuladas, para recibir, hacer dar o prometer para sí mismo o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, ofreciendo interceder ante un funcionario o servidor público que va a conocer, está conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo; que constituye tráfico de influencias.

Esta corrupción judicial es parte de los 40 mil 635 casos en proceso de casos de corrupción de funcionarios que la Procuraduría especializada en esta materia lleva adelante.

En todos los casos, el delito que prevalece es el peculado con 16 mil 254 casos (34%
del total), seguido de colusión con 6 mil 512 casos (16%) y negociación incompatible con 3 mil 657 casos (9%).

“Este análisis conlleva a inferir que, de manera general, los actos o hechos corruptos que predominan en el interior de la administración pública, son el apropiarse o utilizar, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo (Peculado); o el concertar con interesados para defraudar al Estado, interviniendo directa o indirectamente, en su condición de funcionario o servidor público, en los procesos de contrataciones del Estado o cualquier operación a cargo de este”, explica la Procuraduría.

Todos estos datos han sido consignados por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, en su informe especial sobre la Corrupción en el Sistema de Justicia: Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, publicado en noviembre de 2019. Revísalo aquí.

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