En Satipo y Chanchamayo, las dos provincias con presencia de pueblos indígenas amazónicos de la región Junín, la Dirección Regional de Salud ha contabilizado un muerto y 742 casos positivos de covid-19 en comunidades nativas, hasta el 31 de agosto. Pero los líderes indígenas temen que esta data no esté acorde con la realidad debido a las dificultades de acceso que hay hacia algunas comunidades, a las que no han podido llegar con ayuda y pruebas de descarte.

En el ámbito nacional, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) registró hasta el 23 de septiembre, 14 mil 496 casos de indígenas infectados y 394 fallecidos, en 51 pueblos indígenas distribuidos a lo largo del territorio peruano.

En un contexto nacional de violencia contra defensores ambientales, invasión de territorios indígenas por la minería y la tala ilegal, la siembra ilegal de hoja de coca y amenazas a líderes indígenas, las comunidades nativas resisten la pandemia del coronavirus.

Líderes indígenas de la selva central indican que las campañas educativas han llegado solo a comunidades cercanas a las ciudades, pero no a la selva profunda.

¿Y el plan de intervención en comunidades indígenas?

Han pasado más de seis meses del estado de emergencia por la pandemia de la covid-19, cuatro meses desde la aprobación el Plan de Intervención del Ministerio de Salud para las comunidades indígenas y centros rurales de la Amazonia Peruana frente al covid-19 y cerca de tres meses de la transferencia de presupuesto para dicho plan en 10 regiones del país, y los líderes indígenas reportan que hay poblaciones nativas que aún no cuentan con medicinas y pruebas de covid-19.

El presupuesto para la ejecución de este plan fue dividido entre el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y las Redes de Salud de las regiones destinatarias. Cenares se encargaría de la distribución de ivermectina, pruebas rápidas, concentradores de oxígeno, pulso-oxímetros, termómetros, alcohol y camas, mientras las redes de salud de la contratación de médicos, compra de materiales de limpieza, combustible, motores fuera de borda, cápsulas para el transporte y bolsas para recojo de víctimas mortales del covid-19.

Cada entidad ejecutora tenía establecido una suma de dinero para la ejecución del Plan. En el caso de Junín, el presupuesto de 6 millones 602 mil 433 soles fue distribuido entre las redes de salud de Satipo, Pangoa, Chanchamayo y Pichanaki. Entidades que al momento cuentan con 21 brigadas de atención a pueblos indígenas.

Según Ángel Pedro Valerio, líder indígena de la Central Ashaninka del Río Ene (CARE), estas brigadas o equipos de respuesta rápida no cuentan con las herramientas necesarias para su trabajo. Frente a ello, la coordinadora de Pueblos Indígenas de la Diresa Junín, Betsy Reyes Panéz, indicó que Cenares ha distribuido una cantidad menor a la necesaria para cubrir la demanda existente, y que la cantidad de Equipos de Protección Personal también es insuficiente.

Por otro lado, frente a la solicitud de líderes indígenas para la aplicación de pruebas rápidas a todos los miembros de las comunidades, Reyes Panéz explicó que esto no es viable debido a que si se gastan todas las pruebas rápidas en personas que no tienen la enfermedad, las redes de salud quedarían desabastecidas para quienes realmente la necesiten. Pero la existencia de casos  asintomáticos en las comunidades podría resultar lesivo para su subsistencia y dada su condición de vulnerabilidad podrían ser gravemente perjudicados.

“Había varias hermanas con síntomas, pero tenían que tener síntomas fuertes para que las atiendan”, dijo a Portal Central Ketty Marcelo López, exvicepresidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).

“Lo que pedimos es que haya pruebas de descarte en las comunidades indígenas (…) debería ser para todos. En algunas comunidades están muriendo los hermanos, pero ahí nomás los entierran, no entran a la data y no están cuantificando cuántos están muriendo”, narró Marcelo, quien actualmente es coordinadora del Consejo de la Mujer indígena.

El temor a lo desconocido

A Elí García, miembro de la Federación Ashaninka del Río Ene (FARE) le da pena hablar sobre el covid-19 y la acción del Gobierno en las comunidades nativas. “Hablar de covid-19 y hablar del Gobierno sinceramente apena mucho y no sé si se puede hablar porque me da pena, viendo la realidad en la que vivimos nosotros. Hasta el momento no hemos sido atendidos, ya sea por el Gobierno Nacional, Regional o Local”, dice.

Para Elí García los indígenas amazónicos no se mueren por covid-19 porque saben curarse con las hierbas, sino por puro temor; porque no conocen qué es el coronavirus. “Ni siquiera veo un papelito que ha llegado a una de mis comunidades, donde diga, oye, sabes qué vas prevenir, oye, sabes qué tienes que hacer cumplir los protocolos, nada”, se queja.

Elí agrega que algunos confunden la covid-19 con  los síntomas del paludismo, enfermedad típica de la selva. Así fue como falleció un familiar muy cercano a la lideresa indígena Ketty Marcelo López. Según su testimonio, su pariente que presentó fiebre y dolor corporal recurrió a la medicina natural sin pensar que se trataba del nuevo coronavirus. Después de siete días de ser trasladado al hospital, falleció.

Pedro Valerio coincide en que nadie llevó información sobre el covid-19, cómo se transmite y cómo prevenirlo. “Nosotros mismos estamos entregando banners. ¿Qué podemos hacer?”, se pregunta.

Pero la licenciada Reyes Panéz asegura que desde junio la Diresa ha realizado esta tarea de información en las comunidades, mediante radio y televisión, pero los líderes indicaron que hay comunidades sin acceso a ninguno de estos medios.

Ketty Marcelo, de la comunidad Pucharini, en Chanchamayo, explica que la difusión y el descarte llegó a la selva central, pero a las comunidades cercanas a la ciudad; no a las de la selva profunda.

Los líderes indígenas ante pandemia del covid-19

Ángel Pedro Valerio responde a nuestra llamada desde un lugar muy lejano, agotado, pero con voz optimista. Cuenta que está repartiendo kits de medicamentos en sus comunidades, insumo que obtuvo por el apoyo de una fundación extranjera, como alcohol, jabón y medicamentos para enfermedades tradicionales que afectan a los indígenas.

Pedro Valerio implementó también, con otros líderes, 53 botiquines comunales en el Río Ene. Días antes había declarado a Portal Central que no se quedaría de brazos cruzados esperando el apoyo de las autoridades, que ya habia solicitado en varias oportunidades.

En las comunidades alejadas estos botiquines funcionan como amortiguadores en las emergencias sanitarias, pues, por lo general, los centros de salud más cercanos están a horas de caminata. Es el caso de Yoyato, donde, por ejemplo, hay que esperar un vehículo para trasladarse al puesto de salud de la comunidad nativa de Quempiri, o caminar 4 horas. Otras comunidades hacen uso de botes y peque peque. Si no hay combustible, los enfermos pueden fallecer en el traslado.

El centro de salud más cercano a la comunidad de Ketty Marcelo queda a 20 minutos, pero a más de dos o tres horas de comunidades vecinas, por eso pidió más botiquines comunales y pruebas rápidas para el descarte del covid-19. Espera que la atiendan

Elí García y quienes forman la Federación Asháninka del Río Ene (FARE) también gestionaron apoyo de cooperantes internacionales para kits y mascarillas.

Otra dirigente, Luzmila Chriricente Mahuanca, presidenta de la Federación de Mujeres Ashaninkas Nomatsiguengas y Kaquintes, enfatiza, por su parte, en el descuido del Gobierno para tomar en cuenta la medicina natural y lamenta que a causa del covid-19, muchas mujeres indígenas con otras enfermedades hayan sido desatendidas, y que los puestos de salud no cuentan con medicamentos y el equipamiento necesario para la atención de la pandemia.

Todos ellos piden para sus comunidades una atención médica integral e intercultural, con respeto a la medicina tradicional y la participación de agentes comunitarios para la atención en lengua originaria.

Portal Central trató de comunicarse con Julio Mendigure Fernández, director de Pueblos Indígenas u Originarios de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública de Ministerio de Salud, para conocer su trabajo en Satipo y Chanchamayo, pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta, a pesar que se comprometió a brindar una entrevista.

Este medio también solicitó información de su labor fiscalizadora en este tema al consejero por Chanchamayo, Versael Díaz Gallardo, quien se comprometió a realizar un seguimiento de este caso, al igual que el consejero por Satipo, José Villazana.

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