La lectura que la abogada y periodista Rosa María Palacios tiene de la crisis politica desatada por la difusión de audios en el Congreso de la República que comprometen al presidente Martín Vizcarra, es que se trata de un golpe de estado encubierto al que los grupos políticos le quieren dar un ropaje de constitucionalidad para sacar al presidente del poder.
“Esta súbitta preocupacion anticorrupción del Congreso no es tal. No les importa que haya pandemia, que haya muertos, que haya crisis económica. [El Congreso] tiene una agenda oculta y utiliza hechos, sí penosos“, dijo en RPP Rosa María Palacios.
La constitucionalista dijo que la contratación de Richard Cisneros, conocido como Richad Swing, puede ser frívola, ridícula, improcedente pero no ilícita. “No hay delito“, remarcó.
“Puedes critiar al Ministerio [de Cultura por contratar a Cisneros], te puedes reir, podemos criticar de muchas formas. Pero no hay delito. No hay una acción dolosa por lo menos por parte del presidente de la República. Y si lo hubiera no se puede acusar al presidente hasta que termine su mandato y este termina en 7 meses”, argumentó Palacios.
Vizcarra puede recurrir a una demanda competencial
Por otra parte, Rosa María Palacios, recordó que el Tribunal Constitucional ha señalado que la incapacidad moral permanente, la causal que el Congreso usaría para vacar al presidente Martín Vizcarra, no es una institución vacía de contenido. El Congreso debe probarlo.
Sin embargo, de ser admitida este viernes la moción de vacancia presidencial, el camino que el presidente Vizcarra puede seguir, a juicio de Rosa María Palacios, es el siguiente: Presentar ante el Tribunal Constitucional una medida cautaler en el marco de una demanda competencial, argumentando que el Congreso no puede someter a votación una moción carente de contenido.
En este caso, si el presidente obtiene que el Tribunal Constitucional le dé la razón, puede denunciar a todos los congresistas que participaron de este complot, bajo el cargo de usurpación del poder y por infracion a la Constitución, que lo resolvería el Congreso que se elija en abril del 2021 y los inhabilite por 10 años para el ejercicio de la función pública.
