En el distrito de Río Negro, en Satipo, la viceministra de Políticas, Supervisión y Desrrollo Agrario, María Isabel Remy, presidió este viernes la entrega de mil títulos de propiedad a igual número de agricultores de la selva central de la región Junín, y de resoluciones a reconocimiento a 12 comunidades indígenas.
Pero, conforme explicó el director regional de Agricultura, Ulises Panez, en la selva central de Junín hay alrededor de cien mil predios rurales carentes de un título de propiedad y para ello está pendiente la aprobación de un proyecto de inversión por 42 millones de soles, financiamiento que el Ministerio de Economía y Finanzas debe dar luz verde.
Panez espera que en enero del 2021 se hagan las modificaciones presupestarias necesarias para contar con un prespupuesto para otro grupo de dos mil títulos de propiedad en ese año.
Una de las comunidades que recibió el reconocimiento de su junta directiva es la Comunidad Nativa San Miguel de Marankiari II, del distito de Perené, en Chanchamayo. Es la una comunidad ashaninka formada recién en el 2019. Su jefa, Lourdes Sixto Andrés, explicó a Portal Central que en su caso busca la titulación de 23 hectáreas, extensión de territorio que le parece poco para las 28 familias asentadas allí y sus generaciones futuras.
Es la única jefe mujer de comunidad nativa que ha venido a esta entrega de títulos. “Las mujeres estamos asumiendo cada vez más”, dice. Su comunidad vecina, San Miguel Centro Marankiari I también es liderada por una mujer: Roxana Martín Manchi, pero no ha venido a esta ceremonia.
“Un título de propiedad es importante”, dice Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec), “porque con eso garantizamos la seguridad territorial de nuestros pueblos; ya somos dueños de nuestro territorio y ya podemos hacer acciones y actividade al interior del espacio”.
Las comunidades reconocidas podrán, además, gestionar proyectos de educación, salud, servicios básicos. Ese documento permite armar proyectos, dice Teddy, jefe a su vez, de la comunidad ashaninka Impitato Cascada, en el bajo Perené, una de las 89 que forman la Ceconsec.
La seguridad territorial es una de las demandas de las comunidades indígenas, amenazada por el tráfico de madera, los culivos ilícitos y otros. “Estaban perdiendo tierras y ahora tienen la opotunidad de defenderla”, les dijo la viceministra María Isabel Remy. El camino aún está por recorrer.
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