Combina impulsa proyecto de Ley que beneficia a universidades privadas hasta el 2024

Combina impulsa proyecto de Ley que beneficia a universidades privadas hasta el 2024

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¿Conflicto de intereses? El congresista de Alianza para el Progreso (APP), César Combina Salvatierra, presentó un proyecto de Ley que busca prorrogar la exoneración del impuesto a la renta a las asociaciones sin fines de lucro, entre ellas las universidades privadas, hasta el 31 de diciembre de 2014.

Según el Proyecto de Ley N° 6619-2020, presentado el 6 de noviembre, se busca modificar el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta que fija a diciembre como fecha límite para exonerar del pago a organizaciones de este tipo, entre ellas, empresas con fines sociales, culturales, deportivos, políticos, religiosos, pero también educativos.

Proyecto de Ley permite beneficios a empresas educativas. ¿Coincidencia?

La intención del parlamentario de Alianza para el Progreso fue revelada por el portal OjoPúblico, que detalló que son 569 las asociaciones educativas, colegios, institutos y universidades que se acogen a este beneficio, e impiden que el Estado recaude unos S/107 millones al año. Una de las favorecidas sería, por ejemplo, la universidad César Vallejo, de propiedad de César Acuña, candidato presidencial de APP.

En su inciativa legislativa, Combina Salvatierra, ahora vocero de APP, justifica su propuesta por la crisis económica que afronta el país debido a la pandemia. “El proyecto de ley es una prórroga de las exoneraciones que se han venido efectuando sucesivamente y que no han presentado una afectación al erario nacional”, indica el texto.

Combina es ahora vocero de APP. ¿Tendrá algo que ver con su propuesta legislativa?

De concretarse, esta sería la novena vez que se prorroga la norma. Las empresas educativas ya gozan de las exoneraciones del Impuesto Predial, el Impuesto Vehicular, alcabala y el Impuesto General a las Ventas (IGV), según el artículo 19 de la Constitución.

El investigador principal de Grade, Hugo Ñopo, explica que estos privilegios fueron concebidos como temporales, pero se han extendido amparados en intereses políticos y una legislación que permite el afán de lucro en el sistema educativo. “Luego de tantos años de vigencia de estas exoneraciones, las universidades ya deberían haber despegado e invertido en laboratorios e insumos de largo plazo, no se les puede seguir subsidiando”, indicó.

Puedes revisar todo el informe de OjoPúblico aquí.

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