El próximo 15 de agosto, el Poder Judicial tiene programada una audiencia clave para determinar la reparación civil que deberá afrontar la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Este proceso surge ante las acusaciones de presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales, lo que habría representado un agravio al Estado peruano.
La Procuraduría General del Estado ha solicitado una reparación civil de S/ 200,000 como compensación al Estado, basada en alegatos de que Ávalos no investigó adecuadamente al entonces presidente Pedro Castillo por presuntas irregularidades durante su administración.
La Corte Suprema del Poder Judicial confirmó el archivo de la investigación contra la exfiscal en julio pasado; sin embargo, la decisión sobre la reparación civil aún está pendiente, dejando la resolución a esta próxima audiencia, que será un momento crucial para definir las responsabilidades económicas de Ávalos.
Durante su mandato, Ávalos inició investigaciones contra Castillo, las cuales fueron suspendidas hasta el final de su presidencia, una decisión que ha sido ampliamente criticada y que fundamenta las acusaciones en su contra.
Este caso ha captado la atención de diversos medios nacionales por involucrar a altos funcionarios y por representar un caso emblemático en el manejo de investigaciones sobre figuras prominentes en Perú.
La Procuraduría General ha sido enfática al solicitar esta compensación millonaria, argumentando que la fiscal suprema debió cumplir con sus funciones de manera eficaz y oportuna para proteger los intereses del Estado.
Además de las repercusiones económicas, la audiencia podría establecer precedentes significativos en cuanto a la rendición de cuentas de altos funcionarios en el sistema judicial peruano. Esta sesión se realizará de manera virtual a través de la plataforma Google Meet a las 11:30 horas, según ha informado el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
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