El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este miércoles a grupos involucrados en las últimas manifestaciones antigubernamentales de ser entrenados en Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile. Estas protestas han dejado un saldo grave: más de veinte fallecidos y cientos de detenidos. Maduro especificó que no se trató de jóvenes venezolanos, sino de criminales contratados y preparados en campos extranjeros, responsabilizando al 80% de los llamados «comanditos», un grupo activo en la oposición.
«Los comanditos, dirigidos a la destrucción de infraestructuras vitales como escuelas y hospitales, han puesto en riesgo a la juventud socialista», según declaraciones de un comunicado de la Prensa Presidencial.
Edmundo González, ex candidato presidencial de la oposición y a quien Maduro denomina «criminal de guerra», junto a la líder opositora María Corina Machado, fueron señalados como los principales instigadores de estos actos violentos que se iniciaron desde el día de las elecciones del 28 de julio.
La intervención de González y Machado ha sido destacada especialmente por sus tácticas:
«Hemos observado a jóvenes, pagados y formados, cometiendo actos de violencia y vandalismo», señaló Maduro, quien además advirtió que tiene pruebas contundentes de estas acusaciones que no han sido refutadas.
Por otro lado, Machado ha hecho un llamado a las Fuerzas Armadas para que se posicionen al lado del pueblo, declaración que se produce tras las elecciones que confirmaron la lealtad de los militares hacia Maduro. «El mundo comienza a entender que Maduro está cada vez más aislado, rodeado únicamente por altos mandos militares», afirmó Machado en una reciente entrevista.
En un entorno de creciente tensión política y social, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela también ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, al intentar asumir funciones que corresponden al Consejo Nacional Electoral, situación que González ha denunciado como una violación al debido proceso legal.
Maduro, por su parte, continúa defendiendo la posición del gobierno frente a lo que considera ataques orquestados por la oposición y fuerzas extranjeras, en un escenario político que promete seguir siendo complejo y disputado.
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