Las familias de las víctimas de la guerra interna en Perú, que duró entre 1980 y 2000, han quedado estupefactas ante la reciente decisión del gobierno de implementar un estatuto de limitaciones para crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002. Esta ley cerrará cientos de investigaciones sobre crímenes alegados durante el conflicto, que se estima cobró unas 69,000 vidas.
Gladys Rubina, quien perdió a su hermana en una masacre hace tres décadas, expresó su indignación:
«Me siento indignada, es una burla para nosotros, están dándoles una segunda oportunidad a los asesinos de nuestros familiares» – Gladys Rubina.
Durante el conflicto, el estado luchó contra grupos insurgentes izquierdistas, incluyendo a los guerrilleros maoístas de Sendero Luminoso, con atrocidades cometidas por ambos bandos. En uno de los casos más notorios, un escuadrón de la muerte militar, conocido como el grupo Colina, entró en una casa durante una fiesta en el barrio de Barrios Altos, Lima, en 1991, matando a quince personas, incluida Nelly, la hermana de Rubina, en lo que se describió como un error de inteligencia.
Gisela, hermana de Enrique Ortez, un estudiante de 20 años asesinado en la masacre de la Universidad La Cantuta, también se mostró impactada por la «injusticia» del nuevo estatuto de limitaciones:
«Durante más de 30 años, los familiares en el caso La Cantuta hemos insistido en el derecho a saber quién es responsable y castigar a los culpables del crimen» – Gisela.
A pesar de que el sistema de justicia peruano determinó que las 25 víctimas de las dos masacres eran civiles sin vínculos con los guerrilleros, algunos soldados fueron condenados y encarcelados, mientras que otros huyeron.
La nueva ley, que automáticamente anula unos 600 casos que involucran a actores estatales, ha sido criticada por las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque no ha provocado protestas significativas en Perú.
Gisela Ortiz, exministra de cultura y pariente de una víctima, expresó su desilusión ante la falta de apoyo social:
«No hay apoyo social… para lo que estamos viviendo» – Gisela Ortiz, subrayando el «daño que la impunidad hace a nuestra democracia».
Esta legislación marca un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en Perú, dejando a muchas familias enfrentando la realidad de que los crímenes del pasado pueden quedar sin resolver.
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