Un grupo de comunidades indígenas peruanas acordó el jueves suspender temporalmente una protesta contra la mina de cobre Las Bambas de MMG Ltd, que ha obligado a la empresa a suspender sus operaciones durante más de 50 días, el periodo más largo de la historia de la mina.
Según el acta de la reunión, firmada el jueves por la tarde, la tregua durará treinta días, durante los cuales las comunidades y la mina negociarán.
Las Bambas intentará reanudar de inmediato la producción de cobre, aunque los directivos han advertido que tardará varios días en alcanzar su plena capacidad tras la prolongada suspensión.
Perú es el segundo productor mundial de cobre y Las Bambas, de propiedad china, es uno de los mayores productores mundiales del metal rojo. La protesta y el cierre han supuesto un grave problema para la administración de izquierdas del presidente Pedro Castillo, que está presionado para hacer crecer la economía y lleva semanas luchando por lograr un acuerdo para volver a empezar.
Sólo Las Bambas representa el 1% del producto interior bruto de Perú.
La protesta fue lanzada por las comunidades de Fuerabamba y Huancuire a mediados de abril, que dicen que Las Bambas no ha cumplido con todas sus obligaciones con ellos. Ambas comunidades vendieron las tierras a la empresa para dar paso a la mina, inaugurada en 2016 y famosa por sus constantes conflictos sociales.
Las dos comunidades entraron en la mina y se instalaron en su interior, obligando a Las Bambas a cesar sus actividades. Aunque Fuerabamba fue desalojado poco después, Huancuire consiguió mantenerse dentro.
Según el acuerdo, Huancuire ya no protestaría dentro de la mina. Durante la tregua, Las Bambas también detendrá la construcción de su nueva cantera de Chalcobamba, que se ubicará en terrenos que antes eran propiedad de Huancuire.
En la reunión, los líderes de la comunidad también exigieron puestos de trabajo para los miembros de la comunidad y la reorganización de los altos directivos de la mina, a los que acusan de fomentar el conflicto social.
Las Bambas ha acordado «evaluar y reestructurar a los gestores» que participan en las negociaciones con las comunidades locales.
