El jefe de Estado ha exigido que se anule la norma fiscal que ordena la ampliación de la investigación preliminar contra él por tres presuntos delitos.
Pedro Castillo dirige cinco investigaciones en la fiscalía
El presidente Pedro Castillo seguirá siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y asociación ilícita agravada. El Tribunal Superior de Investigación ha considerado infundado el amparo de derechos con el que el presidente pretendía que se anularan las investigaciones.
A través de su abogado, el Presidente Castillo presentó dicho recurso, argumentando una supuesta violación de los principios constitucionales de legalidad procesal y del principio de seguridad jurídica. En este sentido, el juez Juan Carlos Checkley sostiene que aunque el Jefe del Estado sólo puede ser imputado en los casos del artículo 117 de la Constitución, esto no invalida la posibilidad de iniciar una investigación preliminar si existen motivos razonables.
El abogado del presidente, Benji Espinoza, dijo que la decisión sería apelada por ser «errónea».
La investigación preliminar fue aprobada por el Fiscal Nacional Pablo Sánchez , quien interrogó a Castillo Terrones el 15 de junio en la sede del Ministerio de Administración Pública .
El 31 de mayo, la defensa de Castillo presentó un recurso de nulidad ante la Secretaría de Estado, solicitando que se anule la decisión de investigar a Castillo sin suspensión y se dicte una nueva norma, argumentando que «la Carta Magna de las Libertades prohíbe el enjuiciamiento del Presidente de la República -en el ejercicio de sus funciones- en los casos no previstos por su artículo 117″.
Agregó que, según la Constitución Política, la investigación de un presidente en funciones sólo se realiza si se cumplen algunos supuestos.
Según el artículo 117 de la Constitución: el Presidente de la República «sólo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución, e impedir su convocatoria o funcionamiento, la Comisión Nacional Electoral y los demás órganos del sistema electoral».
El fiscal nacional responsable, Pablo Sánchez, decidió ampliar la investigación, inicialmente suspendida contra Castillo Terrones, e indicó que continuaría el procedimiento.
La medida fue tomada tras recibir información del Ministerio Público, que investiga el presunto lavado de dinero y que ha recabado testimonios que involucran al mandatario, similares a los aportados por el empresario con prisión preventiva Zamir Villaverde
