[OPINIÓN] «Quemarlo todo», por Juan Carlos Suárez Revollar

Si en 2016 la obstrucción a la gestión de Pedro Pablo Kuczynski comenzó en el momento de su juramentación, hoy el fujimorismo da un paso más allá. Su negativa a aceptar el resultado de la elección tiene el claro objetivo de sabotear la gestión de Pedro Castillo incluso semanas antes de que asuma el cargo. A una elección de por sí cargada de odios se suma negar la posibilidad a los peruanos de pasar la página y, mal que mal, volver a trabajar para recuperar la economía y el desarrollo del país. Las denuncias (e incluso solo la insinuación) de fraude —sin justificación ni indicios reales— solo resta legitimidad a quien obtuvo la victoria electoral.

Si la campaña de Keiko Fujimori ya había sido incendiaria y originó una seria polarización que obstaculizará la gobernabilidad del próximo presidente, no reconocer su derrota y, peor, aducir un inexistente fraude, destruirá cualquier posibilidad de reconciliación nacional y condenará a la siguiente gestión al fracaso. Como siempre, el perjuicio se trasladará a cada uno de los peruanos: inestabilidad política y monetaria que espanta a la inversión, desempleo y hasta retraso del proceso de vacunación. ¿Es eso lo que quiere para el Perú la señora Fujimori?

Claramente, en Fuerza Popular ya todos comprenden que han perdido la elección. La denuncia de un supuesto fraude no busca cambiar los resultados, pues no es posible si se respeta la ley electoral y se examina con objetividad sus delirantes razones para invalidar votos genuinos. Su fin es negar la legitimidad a la presidencia de Pedro Castillo y someterlo a una condición de enfrentamiento para impedirle establecer alianzas, vitales para su supervivencia en un Congreso sin mayoría. De ese modo, el fujimorismo está preparando el camino para otra vacancia presidencial. Es decir, ya que perdió la elección, el fin de Keiko Fujimori ahora es quemarlo todo. Irónicamente, ese plan viene de la candidata que pretendía mostrarse como la salvadora de la democracia y la economía nacional.

Invalidar doscientos mil votos en centros poblados cuya cultura, problemática y motivaciones Fuerza Popular está lejos de reconocer no solo es antidemocrático. Se percibe además una connotación racista, arbitraria y abusiva, pues estamos siendo testigos de cómo todo un partido y su enorme maquinaria legal busca amedrentar e incriminar a miles de miembros de mesa precisamente de las zonas más pobres y vulnerables del país. ¿Hay acaso alguna diferencia entre este fujimorismo que pretende anular el voto ciudadano y ese Sendero Luminoso en guerra contra el Perú que quemaba ánforas en los ochenta?

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