El Acuerdo de Escazú, establece estándares que cada Estado debe adoptar para garantizar el ejercicio los derechos de acceso a la información, sobre el estado del medio ambiente y cómo puede un proyecto particular afectarlo. Asimismo, garantiza la participación pública, mediante la consulta previa. Finalmente, se toma en cuenta el acceso a la justicia cuando haya un impacto negativo en el medio ambiente y no se tome en cuenta la opinión de las poblaciones afectadas.
Fente: Mongabay Latam
Para alcanzar estos estándares, los Estados involucrados en el acuerdo deberán mejorar los mecanismos para administrar su información, optimizar los procedimientos de toma de decisiones, incorporar enfoques de interculturalidad y género, y mejorar la administración de justicia para la prevención y atención de daños ambientales o derechos ambientales.
Este acuerdo fue firmado el año 2018 por la ex ministra del Ambiente Fabiola Muñoz quien señaló que esta suscripción beneficiaría a los países integrantes al promover un desarrollo sostenible con el medio ambiente, sin embargo, para consolidar este acuerdo se necesita que se ratificado por el Congreso y posteriormente por el Presidente de la República, el Acuerdo Escazú solo puede entrar en vigencia cuando 11 países como mínimo la ratifiquen.
Fuente: Agencia Uno
El principal rechazo a este acuerdo surge sobre la supuesta pérdida de la soberanía y los territorios de la Amazonía peruana, aduciendo que los procesos judiciales que surjan a raíz de problemas ambientales o vulneración de los derechos ambientales serán vistos internacionalmente, entendido como que una persona o asociación puede llevar a un proceso judicial al Perú frente a la Corte Interamericana de Justicia, cuestión que no resulta válida, pues estos procesos solo se hacen de país a país y siempre en cuando los dos estén de acuerdo.
Organizaciones como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) han mostrado su rechazo a la ratificación de este acuerdo, aduciendo que ya existen leyes que regulan el trabajo de las empresas extractivas y fiscalizan el cuidado del medio ambiente, sin embargo, estas medidas del gobierno no han sido suficientes para parar la violencia de derechos humanos a defensores ambientales y la contaminación de las empresas extractivas, siendo el Acuerdo de Escazú una forma de reforzar y mejorar el sistema legislativo en los países garantizando los derechos fundamentales en protección del medio ambiente.
Recordemos que defensores ambientales y líderes indígenas han sido asesinado, muchos de ellos a pesar de haber puesto denuncias sobre amenazas antes que se perpetúen estos crímenes. Asimismo, en el país existen poblaciones contaminadas por metales tóxicos, minería y tala ilegal que significa una gran amenaza para subsistencia de flora, fauna y pueblos indígenas u originarios. La ratificación de este acuerdo beneficiará a esas poblaciones vulnerables y reducirá las brechas de desigualdad de acceso a la justicia.
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