6 July, 2022

Vladimir Cerrón volvería a la cárcel si hasta el 14 de diciembre no paga 850 mil soles

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El exgobernador regional Vladimir Cerrón podría volver a prisión si es que hasta el 14 de diciembre no cumple con pagar los 850 mil soles fijados como reparación civil en la sentencia condenatoria que le impusieron por el delito de negociación incompatible, tras favorecer a la empresa ejecutora del proyecto de saneamiento de La Oroya, promovido en su gestión del 2011 al 2014 al frente del Gobierno Regional.

La reparación civil tiene que ser pagada de forma solidaria por todos los condenados.

Para esta fecha, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo ha programado la audiencia de control de ejecución de sentencia, que verificará si realizó el pago de la reparación civil de forma solidaria, que tenía un plazo de 6 meses después de dictaba la sentencia. En caso de incumplimiento, se le revocará la prisión suspendida y le impondrá pena efectiva de cárcel en el establecimiento penitenciario señalado por el INPE, junto a sus coacusados.

Como se recuerda, Vladimir Cerrón, Henry López Cantorín y los exfuncionarios regionales, Carlos Mayta Valdez y Juan Carlos Sulca Yauyo, fueron condenados en el 2019 a 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad por delito de corrupción, pero en octubre del mismo año, en segunda instancia, la Sala Penal de Apelaciones les impuso 4 años de pena suspendida y al pago de 850 mil soles de reparación civil de forma solidaria.

Esta sentencia condenatoria fue materia de casación por parte de los sentenciados y el 4 de noviembre último, la Corte Suprema de Justicia de Lima declaró inadmisible este recurso, con lo cual concluyó el proceso, encontrándose la sentencia firme y consentida, con lo que procede el control de la ejecución de la sentencia.

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Sentecncia es firme y consentida y tiene que ejecutarse en todos sus extremos.

El Juzgado también verificará si se cumplió con otras reglas de conducta como la prohibición de ausentarse del lugar de su domicilio sin autorización del juez, y la comparecencia al juzgado de ejecución correspondiente, personal y obligatoriamente para informar y justificar sus actividades.

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