Oposición frontal contra la pensión a Fujimori
Políticos y excongresistas de Perú han manifestado su oposición a la pensión vitalicia otorgada al exdictador Alberto Fujimori. A pesar de una ley vigente que prohíbe tales beneficios a exmandatarios sentenciados, el Congreso aprobó recientemente una pensión para Fujimori.
Movimientos en el Congreso
Legisladores de izquierda, encabezados por la congresista Sigrid Bazán, han firmado un pedido para anular la resolución que concede esta pensión. En palabras de Bazán compartidas en su cuenta de X:
«Desde bancada rechazamos la pensión para el ex dictador. Por eso estamos presentando al Congreso un recurso de NULIDAD de la resolución que da pensión vitalicia al condenado por corrupción y homicidio: Alberto Fujimori Fujimori».
Críticas y argumentos legales
Flor Pablo, otra congresista, en entrevista con Exitosa, criticó duramente esta decisión, mencionando la Ley 26519, que excluye de pensiones vitalicias a expresidentes con acusaciones constitucionales.
«El presidente está indultado, pero eso no significa un perdón de la pena. Él tiene una sentencia y creo que ahí hace mal el actual presidente del Congreso en saltarse la ley, en saltarse la norma, que para unos sí y para otros no. Es un manejo anticonstitucional el que está haciendo la Mesa Directiva. Hacen una interpretación antojadiza», explicó.
Opinión de expertos
El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi también se pronunció en RPP Noticias, argumentando que es un gasto innecesario para los peruanos:
«Aquellos que han sido acusados constitucionalmente, como el señor Alberto Fujimori, y no tienen una sentencia que los absuelva, no les corresponde. Lo que han hecho las áreas administrativas subalternas a la Mesa Directiva del Congreso es algo absolutamente irregular».
Reacciones adicionales
Edwin Martínez, congresista de Acción Popular, y Juan Jiménez, exjefe del gabinete de ministros, también se expresaron en contra de la pensión. Martínez señaló la incoherencia de pagar a alguien que ha dañado tanto al país, y Jiménez destacó la necesidad de una sentencia de inocencia para justificar tal beneficio, remarcando el alto costo de la pensión comparado con el régimen público peruano.
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