El Complejo Metalúrgico de La Oroya quedó autorizado para el reinicio de sus actividades en dos de sus circuitos de producción: el de zinc y el de plomo, que se encontraban paralizados desde mediados de marzo, por diposición de la Dirección General de Minas.
El acreedor laboral, Luis Castillo Carlos, explicó a Portal Central que ambos circuitos cuentan con su planta de ácido sulfúrico, que evita la emisión de gases contaminantes al ambiente.
En cambio el circuito de fundición del cobre no está autorizado a trabajar, porque no cuenta con su respectiva planta de ácido sulfúrico para atrapar el dióxido de azufre y evitar que se libere al aire.
Coomplejo Metalúrgico de La Oroya.
Para lograr esta autorización, Castillo Carlos dijo que el complejo puso varios de sus activos, como las viviendas para sus profesionales, el hospitalde Chúlec y otros bienes inmuebles, como garantía de un fondo de fideicomiso para el cierre de minas, al que toda operación minera está obligada.
En cambio, la mina cobriza, ubicada en la provincia de Churcampa, en Huancavelica, que también forma parte los activos del complejo metalúrgico de La Oroya, paralizada a raíz del colapso de sus relavera en julio del 2019, no podrá reiniciar sus actividades porque no ha realizado los pagos del fondo del cierre de minas ni ha levantado las sanciones impuestas por el Osinergmin.
Reactivación total del complejo
Castillo Carlos explicó que para la reactivación total del complejo, paralizada en junio de 2009, al declararse en quebra por el incumplimiento de sus obligaciones ambientales y otras deudas, se necesitan una inyeccióin financiera de unos 70 millones de dólares.
“Eso ocurrirá cuando el complejo nos entreguen a los trabajadores en dación de pago” dijo el dirigente. Ese plazo vence el próximo 27 de agosto, de acuerdo con las decisiones de la Junta de Acreedores de Doe Run, la empresa norteamericana dueña del compleo que se declaró en insolvencia y entró a un proceso concursal en el 2009.
La deuda de 153 millones de dólares que la empresa mantiene con sus trabajadores representa el 8% de las acreencias. Los principales acreedores son el Ministerioo de Energía y Minas, por el imcumplimiento de obligaciones ambientales, la Sunat, por el impago de tributos y sus intereses, y la matriz de Doe Run, en Estados Unidos. Ellos tres tienen el 75% de las deudas y “hacen el 75% del porcentajes de votos”. “Los laborales, tenemos el 8%”, explicó el dirigente metalúrgico.
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